Sin duda la inseguridad es un grave problema social que se debe atender y responder con medidas efectivas. Lamentablemente desde hace un tiempo con la difusión de cada hecho criminal se agita el humor social, creando una “sensación” de inseguridad que es utilizada políticamente en busca de votos pero no de soluciones.
No se trata entonces de minimizar la cuestión sino de encararla a traves de políticas sociales efectivas a mediano y largo plazo junto al desarrollo de estrategias puntuales de prevencion y represión de distintos tipos de delitos.
En este sentido el gobierno ha impulsado dos medidas importantes. Por un lado una reforma integral a la ley de estupefacientes y la “despenalización” del consumo de drogas. Con el objeto de crear un marco jurídico efectivo para la lucha contra el narcotráfico destinando los recursos preventivos y judiciales de la persecución de fumadores de porros a la persecución de los narcocriminales.
Esta propuesta recibió criticas a pesar de que la ley vigente ha demostrado su ineficacia, tal vez con el único éxito del negocio de la rehabilitación bancado por el SEDRONAR criminalizando arbitrariamente a los adictos.
Otra medida impulsada es la reglamentación del Registro de celulares, creado por una de las “leyes Blumberg” se orienta a terminar con el mercado negro y la comercialización de teléfonos móviles como y su utilización como herramienta para la materialización de múltiples delitos.
Sin embargo estas iniciativas son “polemizadas” desde la oposición y los medios de comunicación, en lugar de sumarse al debate con ideas y propuestas.
En este sentido, una muestra de la diferencia entre ocuparse del problema y la demagogia, es lo sucedido con el caso del crimen de Campana. A los pocos días, el diputado Lorenzetti del FPV realizó la denuncia correspondiente ante el Consejo de la Magistratura bonaerense contra el juez Schiavo con las formalidades necesarias para sustanciar la causa. Abriendo así la vía institucional y efectiva para prevenir y sancionar el accionar irresponsable de los jueces. Mientras la oposición desfilaba en los canales de televisión criticando al oficialismo. Eso si, hay que reconocer que Jorge Macri presentó una “nota” ante el Consejo, dias después de la denuncia solicitando que “se arbitren los medios necesarios para el juicio politico”.
En suma, la inseguridad es un problema social que merece que sea tratado desde múltiples enfoques y para ello es necesario que los medios y la oposición estén a la altura de los debates, evitando politizar una cuestión que es directa consecuencia del desastre argentino que tanto trabajo nos está costando resolver. A pesar de ellos.
No se trata entonces de minimizar la cuestión sino de encararla a traves de políticas sociales efectivas a mediano y largo plazo junto al desarrollo de estrategias puntuales de prevencion y represión de distintos tipos de delitos.
En este sentido el gobierno ha impulsado dos medidas importantes. Por un lado una reforma integral a la ley de estupefacientes y la “despenalización” del consumo de drogas. Con el objeto de crear un marco jurídico efectivo para la lucha contra el narcotráfico destinando los recursos preventivos y judiciales de la persecución de fumadores de porros a la persecución de los narcocriminales.
Esta propuesta recibió criticas a pesar de que la ley vigente ha demostrado su ineficacia, tal vez con el único éxito del negocio de la rehabilitación bancado por el SEDRONAR criminalizando arbitrariamente a los adictos.
Otra medida impulsada es la reglamentación del Registro de celulares, creado por una de las “leyes Blumberg” se orienta a terminar con el mercado negro y la comercialización de teléfonos móviles como y su utilización como herramienta para la materialización de múltiples delitos.
Sin embargo estas iniciativas son “polemizadas” desde la oposición y los medios de comunicación, en lugar de sumarse al debate con ideas y propuestas.
En este sentido, una muestra de la diferencia entre ocuparse del problema y la demagogia, es lo sucedido con el caso del crimen de Campana. A los pocos días, el diputado Lorenzetti del FPV realizó la denuncia correspondiente ante el Consejo de la Magistratura bonaerense contra el juez Schiavo con las formalidades necesarias para sustanciar la causa. Abriendo así la vía institucional y efectiva para prevenir y sancionar el accionar irresponsable de los jueces. Mientras la oposición desfilaba en los canales de televisión criticando al oficialismo. Eso si, hay que reconocer que Jorge Macri presentó una “nota” ante el Consejo, dias después de la denuncia solicitando que “se arbitren los medios necesarios para el juicio politico”.
En suma, la inseguridad es un problema social que merece que sea tratado desde múltiples enfoques y para ello es necesario que los medios y la oposición estén a la altura de los debates, evitando politizar una cuestión que es directa consecuencia del desastre argentino que tanto trabajo nos está costando resolver. A pesar de ellos.
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